Peña se reunirá con padres de los normalistas el 24 de septiembre

 

La reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se realizará el próximo 24 de septiembre.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de la República, representantes de los padres de los normalistas y expertos del Grupo Interdisciplinario acordaron la reunión entre el mandatario y los padres de los 43 normalistas desaparecidos para el próximo 24 de septiembre.

“La Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos”, indicó la Segob en un comunicado.

El pasado domingo 6, los padres exigieron una reunión con el mandatario con el fin de esclarecer el caso.

En esa ocasión exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque, según ellos, quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Los padres también piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.

Un día después de que los familiares de los normalistas manifestaran sus demandas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó “su total disposición” de reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

El encuentro, agregó el mandatario, se realizará una vez que estén presentes todos los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese día, Peña Nieto también anunció que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.

Peña Nieto afirmó que su gobierno no cejaría en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala.

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Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados

 

Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de  Cocula.

Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.

Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.

Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.

La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.

En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.

Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación.

Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.

leer más: http://www.proceso.com.mx/?p=415204

Asesinato del mexicano Zambrano Montes quedará impune en EU

 

MÉXICO, D.F. (apro).- La fiscalía del condado de Franklin, en el estado de Washington, se negó a presentar cargos contra los policías que asesinaron al ciudadano mexicano Antonio Zambrano Montes el 11 de febrero de 2015, en un cruce transitado de la ciudad de Pasco mientras éste se encontraba desarmado.

Pese a la existencia de un video que exhibió a los policías disparando en múltiples ocasiones sobre el hombre que en ese momento tenía una actitud de sumisión, brazos hacia arriba, la fiscalía estimó que no existía evidencia para inculpar a los uniformados y presentarlos ante la justicia.

De acuerdo con los medios locales, Zambrano Montes arrojaba piedras sobre los vehículos que pasaban por la transitada intersección vial cuando se detuvo una patrulla de policías.

En el video, que grabó un conductor desde su vehículo, se observa a tres uniformados que rodean al hombre. Éste amenaza a uno de los policías con una piedra y la tira sobre la patrulla.

Luego aprovecha la sorpresa de los agentes y se aleja corriendo. Los policías lo persiguen, apuntándole con sus pistolas. Le ordenan detenerse y Zambrano levanta las manos y, al volverse, recibe varios disparos.

El gobierno mexicano expresó hoy su “profunda decepción” ante la decisión de la fiscalía y aseveró que ésta “daña profundamente la relación que debe imperar entre las policías y las comunidades a las que sirven y protegen”.

En un comunicado, la SRE anunció que ofrecerá asistencia a los familiares de la víctima para agotar las acciones legales “derivadas de este trágico accidente”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=415014

Pide la ONU a EPN investigar a autoridades involucradas en caso Ayotzinapa

 

 MÉXICO, D.F. (apro).- Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al presidente Enrique Peña Nieto “ahondar en los distintos grados de participación de todas y cada una de las autoridades” involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado.

Juan Méndez y Christof Heyns, relatores especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, respectivamente, también solicitaron que el gobierno mexicano instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A esa petición se sumaron Ariel Dulitzky, Bernard Duhaime, Jeremy J. Sarkin, Tae-Ug Baik y Jasminka Dzumhur, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En un comunicado fechado en Ginebra, resaltaron la conclusión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero –versión presentada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como “la verdad histórica”–, y coincidieron con los expertos de la CIDH en la necesidad de hacer un replanteamiento general “a partir de los déficit”, como la búsqueda de estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas.

Al ofrecer su cooperación y asistencia técnica en el caso, los expertos de la ONU apuntaron que la investigación sobre los hechos de Ayotzinapa “debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción u omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”.

Luego de puntualizar que todos los funcionarios que obstruyeron la investigación del caso de Ayotzinapa deben ser sometidos a indagatorias, alentaron al Estado mexicano a “implementar todas las recomendaciones del GIEI”.

Ello, dijeron, “favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, apuntaron.

Asimismo, recordaron que las observaciones de los expertos de la CIDH “son relevantes no sólo para el caso de los estudiantes normalistas, sino también para los grandes retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones”.

Finalmente, los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su cooperación y asistencia técnica al gobierno de Peña, y enviaron “un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas, a las familias y a los estudiantes normalistas”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=414961

Audioescándalos de OHL ahora involucran a Peña Nieto

 

 MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El presidente Enrique Peña Nieto se habría reunido con directivos de OHL para ayudarles a resolver la disputa legal que mantiene con Infraiber.

En más conversaciones difundidas en la red social Youtube, Andrés de Oteyza, director general de OHL, le dice a Pablo Wallentin, exdirector de Relaciones Institucionales de la compañía, que mantuvo una reunión con Peña Nieto en la que el mandatario se comprometió a frenar a Infraiber.

“Bueno, a ver, este Gerardo (Ruiz Esparza, titular de la SCT) se defiende delante del presidente (Enrique Peña Nieto), que ¡yo no le puedo decir dos veces a un secretario delante del presidente de la República que está equivocado!”, refiere Andrés de Oteyza en relación al sistema de verificación que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por OHL.

Continúa Andrés de Oteyza: “Yo sí percibí muy inquieto al principal, cuando empezamos a hablar de este tema como que se desencajó un poquito eh”.

La supuesta reunión entre directivos de OHL y Peña Nieto habría ocurrido el pasado 6 de abril. Entre los asistentes se encontrarían: Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, respectivamente, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.

En las últimas horas, el abogado Pablo Diez Gargari, de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, se encuentra detenido de manera irregular en las instalaciones de la calle López número 14 de la Procuraduría General de la República por la presunta posesión ilegal de un arma calibre .38 que le fue “sembrada” en el momento de su detención.

Ayer se difundió un nuevo audio de una conversación entre Ruiz Esparza y Wallentin, que evidencia el presunto favoritismo del gobierno federal a OHL.

En el audio Ruiz Esparza, confirma al directivo de OHL que Infraiber, que denunció públicamente a la constructora española por irregularidades en el sistema del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=414922

Entrega GIEI “Informe Ayotzinapa” a autoridades federales

 

México, DF. El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisiplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa -43 desapariciones forzadas, seis asesinatos, decenas de heridos- por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue entregado al medio día de este sábado a los tres subsecretarios que integran la tripartita de alto nivel que firmó en Washington el convenio para este mecanismo ante las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos.

Los tres subsecrertarios -Roberto Campa, de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Eber Betanzos, de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y Juan Manuel Gómez Robledo de Asuntos Multilaterales de la cancillería- escucharon la presentación de los expertos y después subieron al presidium a recibir sus informes -un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural- con aire de gravedad, puesto que el contenido del reporte pone al descubierto inconsistencias, omisiones e intentos de ocultamiento de pruebas del expediente oficial y por parte de las autoridades federales y estatales que estuvieron a cargo de la investigación.

En el “Informe Ayotzinapa”, sin embargo, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que “es necesario reorientar la investigación y reorientar la búsqueda”.

El documento, de más de 500 cuartillas que resumen un trabajo  y diversos peritajes independientes, contiene -aseguraron- “evidencias nuevas que cambian la perspectiva del expediente oficial”. Propone nuevas hipótesis tanto sobre el móvil de esta agresión de gran magnitud como para determinar el paradero de los 43 desaparecidos y señalar responsabilidades de los perpetradores.
Entre las hipótesis que propone el GIEI como contradictorias y excluyentes de conclusiones que fueron presentadas como tesis comprobadas en los expedientes oficiales -y que en su momento el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam llamó “verdad histrórica”- está la línea no investigada sobre el móvil de la agresión, que pudo ser detener la salida de uno de los autobuses que habían tomado los estudiantes en la terminal del centro de Iguala ya que, entre ellos, había un vehículo usado por la organización de narcotraficantes “Guerreros Unidos” para transportar droga (Iguala es puerta de salida de la mayor producción de pasta de heroína en la región norte del estado).

Otra es la imposibilidad de que 43 cuerpos hayan sido incinerados en una pira en el basurero de Cocula.

Se determinó también como falsa la tesis de que los pistoleros de “Guerreros Unidos” hubieran confundido a los estudiantes como miembros de la banda rival “Los Rojos”, ya que se comprobó que desde su salida de Chilpancingo en dos autobuses tomados hasta su llegada a los caminos de acceso a Iguala se trataba de cerca de 100 estudiantes desarmados.

También se conocía cual era el objetivo de su viaje: la toma de autobuses para viajar a México. También se descartó la versión de que se temía que los estudiantes fueran a violentar o boicotear el informe de la esposa del presidente municipal, María Angélica Pineda, ya que el evento había terminado horas antes.

En el auditorio “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal escucharon en absoluto silencio el informe los familiares de los jóvenes que fueron víctimas delas agresiones del 26 de septiembre, familiares y organizaciones de desaparecidos de otras regiones del país (además de Iguala Michoacán, Coahuila, Estado de México, Oaxaca), organizaciones de derechos humanos y observadores.

La falla de WhatsApp que amenaza a millones de usuarios

 

Una falla en el popular servicio de mensajería WhatsApp puso a unos 200 millones de sus usuarios en situación de riesgo, advirtió la empresa de seguridad Check Point.

La falla permite a los hackers distribuir programas malignos, entre ellos , que exige a las víctimas pagar una cuota para recuperar el acceso a sus archivos.

La vulnerabilidad, sin embargo, sólo afecta a la versión web del servicio.

WhatsApp fue alertado del problema a finales del mes pasado e inmediatamente lanzó una corrección.

Check Point instó a los usuarios a actualizar el software inmediatamente para aprovecharla.
Ransomware
WhatsApp es una aplicación de mensajería móvil multiplataforma.

La aplicación web de WhatsApp es una versión espejo de su versión móvil, y permite acceder desde un navegador web los mensajes, imágenes y otros contenidos recibidos en un teléfono inteligente.

Actualmente hay más de 200 millones de usuarios activos de la aplicación web en comparación con los 900 millones de usuarios de la aplicación de teléfono inteligente, de acuerdo con estadísticas dadas a conocer por la firma este año.

WhatsApp fue comprada por Facebook en febrero de 2014.

De acuerdo con Check Point, la vulnerabilidad se debe a la forma en que el servicio maneja los contactos enviados en el formato (tarjeta virtual).

Todo lo que un pirata informático necesita para enviar una tarjeta de presentación virtual que parece legítima es saber el número de móvil de su objetivo.

Una vez abierto el vCard puede distribuir código malicioso.

Un experto dijo que era relativamente fácil para los hackers hacerse con los números de teléfonos que han sido dados a conocer a través de otras brechas de seguridad.

"Teniendo en cuenta que WhatsApp es una aplicación de mensajería móvil multiplataforma, las posibilidades de que usted abra una vCard es muy alta", comentó Mark James, especialista de la firma de seguridad ESET.

"Una vez abierta puede intentar descargar e infectar su sistema con ransomware".

Check Point alertó WhatsApp sobre el problema el 21 de agosto y una semana más tarde se publicó una corrección.

Padres de los 43 “nos pidieron decirles siempre la verdad”: expertos

 

México, D.F. Cuando los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron por primera vez con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ejecutados o heridos durante los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre, una súplica de esas humildes familias los removió. Fue una frase simple, pero profunda: “Díganos siempre la verdad, no nos mientan”.

Ese 2 de marzo, en su primera reunión en la Normal de Tixtla, las familias abrieron su corazón a los investigadores extranjeros y les dijeron que depositaban en ellos toda su confianza. “Cuando hay miedo –y en Guerrero, especialmente en Iguala y Cocula, el miedo es profundo–, la confianza es lo más difícil de obtener. Para nosotros fue un regalo y un compromiso”, expresa Carlos Beristain, miembro del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esa característica, la de reunir en un equipo distintas disciplinas, permite que los cinco se integren y complementen de manera especial.

Bajo el cobijo de esa confianza de las familias y los sobrevivientes, los especialistas trabajaron seis meses revisando las actuaciones hechas y añadiendo las propias. La primera etapa de su labor terminó el domingo con la entrega de un informe final.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó finalmente que está dispuesto a ampliar seis meses el mandato del GIEI, como está previsto en el convenio del gobierno mexicano con la CIDH. “Es algo positivo e importante, porque si bien hemos podido avanzar en estos seis meses, aún hay temas claves para profundizar: telefonía, balística y los resultados de las pruebas de ADN que se entregaron en Innsbruck la semana pasada”, comentó la guatemalteca Claudia Paz. También aseguró: “Iremos gustosos a una entrevista” con el mandatario.

Polémica en torno a una hoguera
Entre las conclusiones del informe se descarta –por ser “científicamente imposible”– que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, adelanta una hipótesis sobre el móvil del crimen que nunca fue trabajada como línea de la averiguación previa de la PGR: que las distintas corporaciones policiacas participantes en los sucesivos ataques y el crimen organizado quisieron impedir, aun a costa de una violencia sin control, que los cinco autobuses que llevaban los estudiantes salieran de la ciudad, ya que, sin saberlo, los jóvenes podrían haber tomado un vehículo cargado con droga.

Respecto a la forma como el domingo echaron abajo la tesis de la incineración en Cocula, que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó a la opinión pública como “verdad histórica” el 27 de enero, ayer el subprocurador para Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, defendieron esa conclusión, recordando que la dependencia también sustentó su versión en numerosos peritajes. “Más de cien peritos no pueden estar equivocados”, dijo Zerón de Lucio. “Murillo no mintió”, aseveró Muñoz.

Interrogados sobre esta reacción, los expertos internacionales respondieron: “Preferimos evitar caer en una confrontación sobre quién tiene la razón. Hay que ir a las pruebas técnicas y éstas acreditan que en ese lugar no pudo haber una incineración”.

A su vez, explicaron las razones por las que incorporaron, como pericia cierta, el estudio del especialista peruano de la Universidad de Queensland, en Australia, José Torero. Su peritaje incluyó una visita al tiradero de Cocula, el análisis de los niveles de radiación de una pira en un espacio abierto, el estudio de la vegetación, la revisión de los expedientes realizados con la PGR y una larga reunión con muchos de los peritos que participaron en la investigación.

Incluso, uno de los libros de la literatura sobre fuego que los peritos de PGR citaron era precisamente de la autoría de Torero. Entre otras intervenciones profesionales, el peruano fue perito especializado en fuego en el caso de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

La voz de las víctimas
Pero el Informe Ayotzinapa, que desde anteayer es noticia principal en todos los medios y objeto de reacciones en el espectro social, no pretende ser únicamente un documento sobre los aspectos penales del caso. “Quisimos también, y sobre todo, reflejar aquí la voz de las víctimas. Esta experiencia de desaparición forzada debe ser entendida por la sociedad en toda su profundidad”, puntualizó Beristain.

La guatemalteca Claudia Paz y Paz, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox y el vasco Carlos Beristain abrieron un espacio en su agenda para hablar con este diario y delinear varios puntos necesarios para rencauzar las indagatorias, con el objetivo principal de aportar certezas sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Todos coincidieron en que un problema medular en el manejo del caso por las autoridades es que hay una “desconexión entre las historias”. Por una parte se documentan e investigan las circunstancias de antes y durante el ataque por los cuerpos de seguridad, y por otra se presenta lo que las autoridades dicen que sucedió en el basurero de Cocula con la intervención de presuntos miembros del crimen organizado. “Es como si la acción de la policía fuera una y después hay otra cosa totalmente distinta, donde aparecen los Guerreros Unidos. Y nos refieren que el único punto de conexión es la entrega de los normalistas”.

Coincidieron también en cuanto al vicio central de la investigación: la base para sostener la tesis de la desaparición de los 43 estudiantes, presuntamente incinerados en una hoguera después de ser ejecutados y arrojados al río San Juan, parte únicamente de las declaraciones de los presuntos perpetradores. Y según estas versiones –principalmente los dichos de cinco de ellos, procesados y presos en Tepic–, a los jóvenes los mataron y quemaron porque eran del grupo criminal rival Los Rojos y se pensaba que habían llegado a Iguala a “disputarles la plaza”.

Pero estas declaraciones –explican los expertos– no están confrontadas con las versiones de otros testigos o actores ni están sustentadas en otras pruebas procesales ni en evidencias duras. No se analiza si estas declaraciones tienen consistencia interna o externa.

Cuando el GIEI confronta las versiones de los presuntos perpetradores encuentra contradicciones e inconsistencias muy evidentes. En síntesis, halla en el expediente de la PGR cuatro versiones. Una, que los estudiantes llegaron a Iguala para matar a unos narcos, Los Benítez, en el autolavado llamado Los Peques. Dos: que los habrían llevado al paraje de Pueblo Viejo, donde los asesinaron y enterraron. Tres, que después de un enfrentamiento capturaron a 17 estudiantes, los llevaron a una casa de seguridad y ahí los mataron. Y cuatro, la versión del basurero de Cocula.

Aunque está demostrado con evidencias que estas historias “no son ciertas”, son versiones distorsionadoras que contribuyeron a estigmatizar a los estudiantes. A las familias se les lastimó mucho con el mal manejo de la información que se filtró a los medios de comunicación.

Cuando los especialistas acudieron al penal de Tepic para entevistarse con los procesados del caso, también hablaron con cinco presuntos homicidas. En su conversación, negaron ser miembros de Guerreros unidos y haber cometido los hechos que el expediente les atribuye. Todos presentaban lesiones. El GIEI ha sostenido que las autoridades deben investigar la presencia de posible tortura. “No estamos diciendo que fueron torturados, sino que es algo que debe investigarse”.

Sostiene Cox: “Si hay una lección que puede aportar nuestro trabajo es justo que no hay que confiar tanto en las confesiones y declaraciones. Éstas pueden ser el punto de inicio, pero se deben confrontar con distintas pruebas. La investigación criminal debe ser analizada en el marco de evidencia dura, objetiva, distinta, que confronte”.

fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/07/necesario-extender-periodo-de-investigaciones-giei-6922.html

Ayotzinapa, un “crimen de Estado” que marcará a Peña: Solalinde

 

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto debe fincarle responsabilidades penales al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y a todos los que obstruyeron los procesos de justicia, alertó el padre Alejandro Solalinde.

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” al rechazar que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y corroborar la existencia de un quinto autobús que la PGR no reportó en sus indagatorias, Solalinde calificó este hecho como un “crimen de Estado”.

“Es un crimen de Estado y eso nadie se lo va a quitar al gobierno de Peña Nieto, es un crimen de Estado que lo va a marcar toda su vida y para toda la eternidad”, sostuvo el fundador del albergue Hermanos en el Camino.

Y todavía fue más allá al pedir que se le finquen responsabilidades penales a Murillo Karam y a quienes ocultaron esta información, incluido el propio Peña Nieto, debido a que estuvo informado de todo.

“Imagínense en dónde dejaron los equipos de inteligencia de la Sedena, Policía Federal, Gobernación, Cisen, pues sabían todo eso. Sabían lo del quinto camión y saben perfectamente cuál es el paradero de los 43 estudiantes, que no se hagan. Ellos saben en dónde están y cómo están”.

El religioso reconoció que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue desechada desde antes por científicos de la UNAM, quienes habían confirmado con estudios que era imposible que en los basureros de Cocula hubieran sido cremados los normalistas.

Sin embargo, estas nuevas aportaciones de nuevas vías de investigación, entre ellas el quinto camión aparentemente cargado con droga, apuntan a que “estamos frente a un narco Estado”.

El reporte del GIEI detalló que los hechos de septiembre de 2014 dejaron 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas.

Y en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos de violencia estuvieron presentes elementos del 27 Batallón, de la Policía Federal (PF), Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.

Una de las integrantes del GIEI, la abogada Claudia Paz y Paz, dio indicios sobre la existencia de un autobús Estrella Roja, con número económico 3278, que fue “desaparecido” en las indagatorias oficiales y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.

La guatemalteca contó que el grupo de expertos del GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aun cuando en un video de la central camionera de Iguala se observa que fue abordado por los jóvenes.

Los normalistas, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías estatales y federales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.

Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos al asegurar que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo.

Sin embargo, “después localizaron un escrito en la indagatoria, al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.

Al respecto, Solalinde Guerra dijo que “al parecer esos camiones llevaban droga y los muchachos al tomar los camiones no se percataron de ello, es más bien la responsabilidad de la colusión de las autoridades de todos los niveles, ahí está el Estado, ahí está el Ejercito, la Policía Federal y las estatales. Los tres órdenes de gobierno y los servicios de inteligencia que no reportaron nada”.

Entonces, “el gobierno ya entró en un callejón sin salida, se les cayó su verdad histórica y ahora tiene que responder, investigar para conocer el paradero de los normalistas.

“Lamentablemente tenía que venir un grupo de expertos del extranjero para que pudieran hacer una investigación objetiva y abrir puertas que estaban totalmente cerradas, como las del Ejército y la PF, y ese quinto camión que nunca reportaron y resulta que ahí está. Y al Estado no le queda de otra más que aceptar esto y no meter reversa”, puntualizó.

Ahora tienen que fincarle responsabilidad a los que obstruyeron los procesos de justicia, aunque lo que se advierte es que van a aparecer “chivos expiatorios porque van a buscar salvar a los que tengan que salvar, porque aquí va a haber grandes daños políticos y van a procurar que haya los menores daños políticos para liberar y exonerar a las personas y al Ejército, que lo cuidarán más, a y la Policía Federal, aunque ésta ya no puede estar más desprestigiada”.

Por último, dijo que hay que poner especial atención en la “cadena de mandos”, ya que serán ellos los principales sacrificados.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/414877/2015/09/08/ayotzinapa-un-crimen-de-estado-que-marcara-a-pena-solalinde 

El caso Ayotzinapa puede transformar la lucha contra la impunidad en México: CIDH

 

MÉXICO, D.F., (apro).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que “tocó la conciencia del mundo”, podría ayudar a transformar la lucha contra la impunidad en México.

Así lo señaló Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la elaboración del informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, y que puso sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la Procuraduría General de la República (PGR): un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.

Luego de señalar que en el estudio se concluyó que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula –punto que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó como “la verdad histórica”–, el especialista destacó que las autoridades deben replantear la investigación del caso.

En entrevista para Aristegui CNN, Beristain precisó que el documento “plantea herramientas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y la sociedad”. Lo importante, agregó, es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis. “Hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar“, apuntó.

Y subrayó: “El caso que tocó la conciencia del mundo puede convertirse en el caso que ayude a transformar y tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con el experto, una parte de los descubrimientos que hicieron “se basa en información que ya estaba en el expediente de la PGR”, pero hay otra parte de diligencias que ellos mismo realizaron, como por ejemplo la toma de testimonios.

“Yo diría que en el expediente (de la PGR) había información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones, eso es parte de lo que hemos tratado de hacer”.

Por otra parte, añadió, la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que revaluar respecto del caso.

“El caso no parecía sustentado en una sola hipótesis, no solamente del destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos que sucedieron en la primera parte de la noche, porque los normalistas llegan a la ciudad, a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala y lo que sucedió después, el término del posible destino de los normalistas, y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos”, abundó.

El experto sostuvo que “había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia está contenida en esa primera parte como fenómeno de desaparición forzada”.

Sobre la quema de los cuerpos, comentó que lo que ellos evaluaron es si se había producido en el basurero de Cocula o no, “y eso es lo que muestra el peritaje de José Torero”.

Beristain reconoció que “aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora con el cual se pudo identificar que pertenecía a este joven de los normalistas de Ayotzinapa”, pero de los demás restos no se han podido hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas a Innsbruck.

En cuanto a los restos de Alexander Mora, apuntó que “ese muchacho fue asesinado y los restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos. Hay que rebobinar hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico-forense, eso correspondía al equipo de peritos argentino o a la PGR, pero sí creemos que hay que rebobinar esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas”.

Según el experto, lo negativo en este caso es “la consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación, que lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva, te pueden llevar a otros escenarios, y eso es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias”.

Entre lo que debe revisarse de forma urgente, el especialista de la CIDH destacó “la investigación del quinto autobús, ya que puede generar una hipótesis consistente que no se ha tenido en cuenta en la investigación”, en referencia a que presuntamente dicha unidad transportaba droga.

“Ese bus no existía en el expediente, (hay) inconsistencias en declaraciones del chofer, otra es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses de Iguala con el estudio fotográfico que se hizo del bus quinto que se nos presentó, inconsistencias, esa es una hipótesis que hay que considerar”, explicó.

Además, apuntó, “hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado otro chofer de uno de los buses, con una persona que aparentemente dirigía el operativo. Quién es esa persona, esta persona fue llevada allá por una patrulla de la policía estatal”.

Beristain sostuvo que “la investigación y la búsqueda (de los estudiantes) son dos procesos que van de la mano”, por lo que se debe robustecer la primera de ellas.

Otra de las expertas, Claudia Paz y Paz, destacó que el equipo de la CIDH examinó las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente “y en realidad no hay una sola versión, hay cuatro versiones“.

Explicó: “Hay una versión que señala La Parota, otra versión que señala que los llevaron a la casa de seguridad, otra que señala que iban a atacar un car-wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de cinco presuntos responsables.

“Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también entre sí. Algunos de estos cinco señalaban por ejemplo que habían recibido a los jóvenes en Loma del Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que de acuerdo con el análisis del lugar, con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar”.

Paz y Paz coincidió con Beristain en que debe identificarse plenamente el “quinto autobús” y determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer de este autobús es la que corresponde con la realidad, “porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del chofer que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, ni con información del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), y otra declaración manuscrita que sí coincide con las declaraciones de los estudiantes”.

Insistió: “Una de nuestras recomendaciones es que se identifique el autobús, porque el que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos, y que se esclarezca si el piloto mintió, por qué dio dos declaraciones, etcétera”.

Paz y Paz refirió que el C4 de Iguala da cuenta de llamadas aún antes de que los estudiantes llegaran a Iguala, cuando ya eran monitoreados, y después de que llegan a la central, cuando se registran incidentes en las calles.

Les llamó la atención que “así como había intensidad de llamadas había momentos de silencio, hubo más o menos una hora de silencio”, pero sí está registrado el ataque a uno de los autobuses perteneciente a un equipo de futbol local.

“En un momento, Sedena tomó control de las comunicaciones”, reveló. Y después hay “periodos de silencio”.

Ayer, luego de que los expertos de la CIDH echaron por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

“Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia.

La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó.

De su lado, Muñoz Vázquez resaltó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

“Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió.

“Se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”

En la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, los padres de los normalistas desaparecidos recibieron esta mañana a los especialistas de la CIDH y les dieron las gracias por el informe elaborado sobre el ataque contra sus hijos en Iguala.

El contendido del informe es una muestra de que hay las condiciones dadas para que la investigación se rectifique. Eso permitiría recomponer el desempeño del órgano fiscalizador del gobierno federal, destacó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

“La verdad es que no tenemos dinero para pagarles. Ustedes vinieron aquí sin percibir ningún salario, pero se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”, subrayó.

Luego de recibir con la banda de guerra del plantel escolar a tres de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los familiares de los estudiantes desaparecidos hace casi un año, les colgaron collares elaborados con flores y los invitaron a desayunar.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/414855/2015/09/08/el-caso-ayotzinapa-puede-transformar-la-lucha-contra-la-impunidad-en-mexico-cidh